América Latina y el Caribe enfrentan una encrucijada crítica en su lucha contra el cambio climático, especialmente en el sector del transporte, uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
Existe una necesidad urgente de abordar el cambio climático como un pilar central de la política pública en la región, pues los análisis científicos indican que los países tienen menos de una década para reducir radicalmente sus emisiones y evitar daños irreversibles en el planeta.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe titulado "Transporte 2050: el camino hacia la descarbonización y la resiliencia climática en América Latina y el Caribe", el sector debe someterse a una reestructuración sistémica sin precedentes en su historia. Esta transformación debe estar en marcha hacia 2030, lo que presenta un desafío monumental.
A través del Acuerdo de París, los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a reducir sus emisiones para esa fecha. Sin embargo, el área se encuentra rezagada en comparación con otras geografías en términos de desarrollo de políticas públicas en todos los modos de transporte, incluyendo terrestre, aéreo, marítimo y movilidad urbana.
A esto se une que la preparación de las infraestructuras y servicios para eventos climáticos extremos relacionados con el calentamiento global está notablemente ausente en muchos lugares.
Los países de Latam y el Caribe representan el 9% de las emisiones globales del sector y si bien esta cifra es relativamente baja en comparación con Asia Pacífico (32%) y Norteamérica (28%), las emisiones han aumentado hasta alcanzar 595 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2019, frente a 281 millones de toneladas en 1990.
El transporte en la región es responsable del 40% de las emisiones totales, con el terrestre como principal contribuyente con el 92%. La aviación doméstica contribuye con el 4%, la navegación doméstica con el 2%, y el modo férreo con el 1%. La mayoría provienen del transporte de pasajeros, con el 56%.
El BID destaca la necesidad de invertir más y de manera más eficiente en infraestructuras para cerrar las brechas de desarrollo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los sistemas de transporte sostenibles contribuyen directamente a múltiples objetivos, incluyendo la seguridad vial, la eficiencia energética, la infraestructura sostenible y el acceso urbano, entre otros.
Las evidencias alertan sobre la urgencia de tomar medidas audaces y decididas para transformar el sector del transporte en América Latina y el Caribe.
La descarbonización y la adaptación a los desafíos climáticos son esenciales para el futuro sostenible de la región, y la implementación de políticas basadas en las mejores prácticas y el concepto de transición justa se convierte en un imperativo para alcanzar estos objetivos internacionales y construir un futuro más resiliente y sostenible para todos.
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